La iniciativa sigue la propulsada por el Consejo General de Procuradores de España para mejorar el funcionamiento de juzgados de toda España. Vigo es un caso especial, al ser una de las ciudades españolas de entre 250.000 y 500.000 habitantes que más pleitos judiciales genera y que acumula un mayor atasco. A cierre de 2018, los juzgados vigueses presentan su récord histórico de asuntos sin resolver (en trámite) con un total de 20.063 asuntos, un 66% más que hace 4 años, tras crecer un 31% en el último ejercicio.
El cambio legislativo otorgaría a los profesionales de la procura poderes para la ejecución de embargos y diligencias, así como la entrega de notificaciones bajo control judicial. En Vigo, la modificación multiplicaría la capacidad del servicio común de los juzgados, a día de hoy con 15 profesionales, al poner a su servicio los 150 procuradores y procuradoras de la ciudad.