«Dos semanas de huelga en la Justicia es mucho tiempo». El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, está preocupado por las consecuencias de la huelga convocada por los funcionarios de Xustiza que mantiene prácticamente paralizada la Administración de Justicia de Galicia, con la suspensión de miles de juicios y de otros trámites judiciales, lo que está causando graves perjuicios a los ciudadanos.
Cadenas dijo ayer en Pontevedra que no es lo mismo un paro de uno o dos días que una huelga prolongada en el tiempo como esta. En declaraciones a la Ser, admitió que él mismo percibe los efectos del paro. «Noto la huelga como ciudadano y como presidente del Tribunal Superior de Xustiza, y lo noto en la actividad normal del Tribunal Superior, de las Audiencias y de los juzgados gallegos».
Quien volvió ayer a referirse a la huelga en la Justicia fue el presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijoo no dudó en criticar a los sindicatos por haber roto las negociaciones y, sobre todo, por haber vetado al director xeral de Función Pública, José María Barreiro, con el que los representantes de los trabajadores han dicho que no volverán a sentarse. Para Feijoo, esta actitud demuestra un «tic antidemocrático bastante preocupante». «Imaxínense vostedes que dixeramos que non estamos dispostos a falar co líder da CUT [Pablo Valeiras], que é o que dirixe o comité de folga, e que teñen que poñer a un líder doutro sindicato».
«En todo caso, sexa quen sexa o interlocutor, non podemos subirlles máis o soldo, porque non temos a autorización dos galegos», advierte el presidente gallego a los sindicatos. Ese incremento rechazado por los representantes de los trabajadores es de 816 euros al año para la categoría de auxilios, 912 para la de tramitadores y 1.080 para la de gestores. Feijoo no comprende que se desprecie esta oferta y recuerda que esto supondría un aumento del 4 % de los salarios totales de los funcionarios de Justicia en Galicia, a lo que habría que sumar la que se está negociando en Madrid para todos los empleados públicos estatales -y ellos lo son- y que podría situarse entre el 7 y el 8 por ciento. «Nin este Goberno nin o que nos suceda poderá aceptar as súas propostas, porque non caben no capítulo de gastos de educación, de sanidade e dos orzamentos dos galegos», señaló.
Los forenses apoyan el paro
Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) han enviado un escrito al comité de huelga en el que les informan: «Tras reunións realizadas polo persoal desta subdirección, acordamos secundar por ampla maioría a folga, cunha cadencia de dous días por semana, respectando os servizos mínimos». La oferta de incremento salarial de la Xunta para este colectivo es de 100 euros al mes, 1.200 al año.
El PSOE, en el Congreso
Por otra parte, los diputados gallegos del PSOE en el Congreso han presentado una serie de preguntas en las que solicitan al Gobierno central que intervenga en el conflicto laboral en la Justicia gallega, porque consideran que «no puede permanecer impasible, pues es el responsable último de asegurar a todos los españoles el derecho a la tutela judicial efectiva».
Con informaciones de Xurxo Melchor, José Manuel Pan, Juan Capeáns y López Penide.